La grave situación de derechos humanos en el país

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Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca
22 de junio de 2017

Gracias a los acuerdos logrados en La Habana se han salvado 2.500 vidas de guerrilleros, fuerzas militares y población civil. Sin embargo, la violencia política y social se ha incrementado en campos y ciudades poniendo en riesgo la vida de integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos evidenciando la crisis de derechos humanos que padece el país.

Los acuerdos de paz son la oportunidad histórica de poder construir nuevas bases para una Colombia democrática, que garantice la vida, repare a las víctimas, entregue tierra al campesino, negro e indígena y por primera vez, la esperanza de sembrar la paz pueda ser una realidad. Eso, sí su debida implementación se materializa a cabalidad, situación nada fácil si se tiene en cuenta que en nuestro país existen sectores de la clase política dominante que ven en ellos un peligro para sus mezquinos intereses.

El reflejo de esta disputa se puede ver en varios escenarios, uno de ellos el de los derechos humanos en Colombia, que luego de la firma de los acuerdos en el teatro Colón, la crisis aumento de forma dramática, ligado con el incremento paramilitar sobre todo en las zonas rurales del país.

En la geografía nacional el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados desde enero, hasta el 7 de junio del 2017 ascienden a 62. Al igual que los atentados, amenazas, sustracción de material para protección personal como chalecos blindados, son acciones que tienen que padecer los integrantes de organizaciones que se negaron a vivir en medio de la guerra y que han dedicado su vida por buscar una solución política y negociada al conflicto social armado.

Sumado a ello, la insurgencia de las FARC-EP ha padecido el asesinato de 4 de sus integrantes y 9 de sus familiares, situación que complejiza cada vez más la seguridad de los integrantes de una insurgencia que ha entregado el 60% de las armas y que en un par de meses seguirán ejerciendo la lucha por el poder desde la vía política legal convertidos en partido político.

Sin duda alguna, la responsabilidad estatal ante este tipo de acciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de la insurgencia y sus familiares, son única y exclusiva de un establecimiento que se ha caracterizado por negar la existencia del paramilitarismo en Colombia -aun los hechos demuestren lo contrario- y que no brinda garantías para que el ejercicio de la oposición política se pueda hacer sin poner en riesgo la vida de integrantes de organizaciones sociales y comunitarias. Que la historia del exterminio de la UP no se repita!

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