Las dimensiones del conflicto: lo político (II)

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Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (ACPA-Cauca)
10 de marzo de 2017

A partir de 1991 la configuración política de nuestro País entra en un debacle social, muestra una grave crisis de derechos humanos y la fuerte configuración del paramilitarismo articuladas en las AUC y que luego mutaron a las mal llamadas “bandas criminales”. Otro punto importante es la consolidación del terrorismo de Estado basado en la doctrina amigo- enemigo, el auge del movimiento insurgente y el ascenso de la economía transnacional de las drogas ilícitas.

El caso del narcotráfico en Colombia ha sido tratado en cierta medida militar, pero al eslabón más débil de una gran cadena multinacional de la economía ilegal; el campesino que siembra la coca.

Citando a de Zubiria en “un informe de las naciones unidad en el 2008, concluye, que los miles de cultivadores de cosa reciben tan solo el 1.3% del valor del mercado, mientras que los traficantes medianos dentro de los EE.UU reciben el 70% del valor.”[1]

Un factor predominante en relación con el Estado colombiano es el paramilitarismo; permiten el afianzamiento del modelo neoliberal, se mantienen bajo el narcotráfico, se vuelven poder en algunas regiones del País promoviendo el clientelismo y profundiza a sangre una cultura contrainsurgente que ha estado presente por décadas.

Esta estrecha relación entre la contrainsurgencia y el Estado colombiano es un punto nodal en las conversaciones de la Habana. El gobierno colombiano no reconoce que su nacimiento es producto de un modelo de explotación y de un sistema político ajustado a las necesidades del gran capital. Esta contrainsurgencia ha tenido una serie de variaciones a lo largo de los años; contra chusma, pájaros, chulavitas, policías de paz, convivir, paramilitares, bacrim, entre otros han sido su restructuración para seguir vigentes en la política colombiana.

Un claro ejemplo, para no ir lejos de lo que hoy vivimos, de la relación del paramilitarismo con el sistema político y los partido tradicionales es la incautación en uno de los carros del congreso de la república, de más de 613.000.000 millones de pesos, que de acuerdo a las investigaciones, es dinero que hace parte del sistema de financiación de las BACRIM.

En conclusión podemos decir que no podemos conseguir una paz estable y duradera siempre que el Estado no reconozca la responsabilidad que ellos tienen en los orígenes del conflicto, que a partir de su configuración política y económica comienza la conflictividad social y armada, que por décadas ha tenido sumida a nuestra sociedad en la pobreza y la explotación. Mientras el sistema político actué de la misma manera seguirá presentándose genocidios a la oposición política.

Finalmente, que mientras no se aborde con clara responsabilidad el nacimiento del paramilitarismo y las estructuras contrainsurgentes no podrá establecerse un proceso de construcción de paz con justicia social.

[1] De Zubiria. Sergio. Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Pág. 37. pdf

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