La pena de muerte ya existe en Colombia

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Por: Alexandra Cepeda
2 de marzo de 2017

Esta semana tomó revuelo a nivel nacional la ejecución en China de un colombiano condenado a la pena capital por narcotráfico. Una nueva oportunidad donde salieron a relucir la hipocresía, la doble moral, la arrogancia, actitudes a las que lamentablemente nos acostumbramos. La realidad es que en Colombia esta pena ya existe para los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En concreto, la pena de muerte es matar a una persona por determinado delito cometido y comprobado. Todos los días en Colombia vemos cómo asesinan ciudadanos por luchar por los derechos de los pobres, de los campesinos, indígenas, negros. Defender los derechos humanos en este país, es visto como un crimen por el establecimiento guerrerista, que es juez y parte en el proceso de decidir quién vive y quién muere. No será estrictamente legal ni legítimo, pero la regularidad con que lo hacen, con la participación de integrantes del Ejército Nacional, la complicidad del Estado por omisión y la legitimación que le hacen los medios masivos de comunicación al estigmatizar todos los días a las organizaciones sociales, hace que resulte una práctica de justicia perfectamente habitual.

Lo sucedido en China, dio oportunidad para que aquellos elementos más rancios de la política, que criminalizan a la gente por su color de piel, de bandera, su estatus económico u orientación sexual, salieran por medios y redes sociales a mostrarse escandalizados por el hecho. Mientras día a día, por todo el país y aun en regiones prioritarias para la consolidación de la paz acordada en La Habana, el paramilitarismo condena a muerte y ejecuta a personas que dedican sus vidas a resistir el despojo y la miseria generado por un sistema que perpetúa la violencia y la desigualdad social. Lo que no puede hacer el establecimiento por vías jurídicas, lo hace con total impunidad a plena luz del día por medios de sus bandas armadas.

El Estado y los medios de comunicación niegan y reniegan esta realidad. Sostienen que el tal paramilitarismo no existe y que no existe una persecución sistemática contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero las cifras hablan por sí solas: Este año, van 24 asesinados, casi uno cada dos días. Durante el 2016, en promedio, cada 3 días fue asesinado un defensor de derechos humanos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, fueron asesinados 117 líderes sociales en todo el país. 52 asesinatos se registraron en los últimos 5 meses hasta el día de hoy. En la última década, se registraron más de 500 homicidios contra estos ciudadanos. Todo esto en el marco discursivo del gobierno del fin del conflicto y la construcción de la paz.

Seguramente seguirán invisibilizando y negando la realidad, porque expone su complicidad, su ineptitud y su falta de vocación democrática y humanística. Solo les interesa que el negocio siga funcionando. Será nuestro deber continuar denunciando y accionando contra estas prácticas, hasta que se escuche nuestra voz y se haga finalmente algo concreto por resolverlo o nos la callen a todas y todos.

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