La Vega: Se fortalece la lucha contra la minería criminal

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Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (ACPA Cauca)
14 de febrero de 2017

Este domingo 12 de febrero, en el municipio de La Vega, se desarrolló la “8va Marcha por la vida y por el agua, defendiendo el macizo colombiano y la cuenca alta del rio Patía”, a la cual asistieron cerca de 350 personas, hombres y mujeres de todas las edades. Una acción que convocó a fortalecer el hermanamiento de las comunidades campesinas e indígenas del municipio, contra el megaproyecto minero Dominical, que busca destinar 26.000 hectáreas a esta actividad nociva para las comunidades y el medio ambiente, y en oposición a la legalización de las Unidades de Producción Minera (UPM), medida que significaría la puerta de entrada a las grandes mineras al territorio.

Con la participación de las comunidades de Santa Bárbara, Paraíso, Nueva Argelia, El Recreo, Guayabo, Piedra Negra, Santa Rita, Betania, Villa María, San Miguel, La Carrera, El Negro, Altamira, La Betulia, Albania, la cabecera municipal de La Vega y El Diviso, se llevó a cabo esta actividad que consistió en una movilización desde dos puntos de concentración: uno en la Dorada y otro en el cabildo de Santa Bárbara, desde donde salieron por caminos diferentes para dirigirse hasta El Ventiadero, lugar que se encuentra a una hora de distancia y donde está establecida una UPM (ilegal), próxima al río Pancitará.

Esta Marcha se realizó en el marco de las acciones de protección y defensa del territorio que llevan adelante los pobladores de la zona en cabeza del Proceso Campesino y Popular del municipio de La Vega y del Cabildo Indígena de Santa Bárbara, en aras de evitar y resolver los conflictos socio-ambientales que provoca la minería. Ellos advierten que los trabajadores de las minas están realizando explosiones en los socavones a pesar que en la acción realizada meses atrás, se desmantelaron las adecuaciones hechas por los mineros, donde se encontraron instalaciones eléctricas, molinos artesanales, herramientas y otros implementos. En esta ocasión, se pudo constatar que han seguido excavando y que el agua de la montaña se filtra o escurre por los socavones, un hecho preocupante si se tiene en cuenta la altísima inestabilidad y fallas geológicas que presenta la zona. Ante las diversas denuncias de la situación y al no adelantar las acciones competentes, la institucionalidad se constituye en cómplice de estas prácticas criminales.

Esta acción de control del territorio contó con el acompañamiento de defensores de derechos humanos debido a las amenazas que siempre se han recibido después de realizar acciones como ésta. También acompañaron concejales y el personero municipal, a quien días atrás se le hizo un llamado de atención desde el Concejo para que velara por la garantía de los derechos de las comunidades que esperaban su presencia en actividades anteriores.

Después de inspeccionar los 8 socavones, la gente se reunió y desde cada vereda se hicieron intervenciones manifestando su rechazo a la pequeña minería; las comunidades son concientes de los conflictos e impactos negativos que ésta trae, además porque se ha ido comprobando la tesis de que permitir la legalización de la pequeña minería sería abrirle la puerta a la gran minería, a la que se ha logrado expulsar en varias ocasiones cuando funcionarios de empresas como Anglo Gold Ashanti y Continental Gold intentaron promover la cultura minera a través de insignificantes actividades y obras que llaman “responsabilidad social” o “relacionamiento comunitario”.

En el Cauca existen 985 UPM, de las cuales apenas 62 estarían en condiciones de ser formalizadas. Por el momento, todas ellas carecen de título minero y de licencia ambiental, lo cual demuestra su carácter de ilegalidad. La legalización de estas, violentaría los derechos fundamentales y políticos de los campesinos e indígenas que habitan el territorio, su cultura, la armonía entre las comunidades, atentaría contra el medio ambiente, el uso del suelo, promovería el crecimiento del paramilitarismo en los campos y sería la puerta de entrada de las grandes mineras, quienes sí ostentan los títulos mineros y estarían en condiciones de subcontratar a los trabajadores de las UPM para consolidar la explotación indiscriminada del territorio y sus habitantes.

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