Crisis urbana en el Cauca: Medio ambiente

17-10-13

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (ACPA Cauca)
6 de febrero de 2017

Una problemática fundamental para la calidad de vida de nuestras comunidades y el futuro de nuestros hijos, es la ambiental. Con los proyectos que de una manera u otra le afectan, amañados por el negocio entre el Estado y las empresas privadas, se hace necesario generar conciencia y organización, de manera que se respete la voluntad de quienes habitan los territorios que se ven involucrados en las obras. Hugo Oviedo, de la Asociación Comunitaria de Servicios Públicos, cuenta cómo se desarrolla la lucha ambiental en la ciudad de Popayán y sus propuestas de cara a esta problemática.

El botadero de basura, un problema que solo se traslada

Hasta el año 2013 el botadero Municipal estuvo ubicado en el barrio Lomas de Granada, zona urbana de Popayán, prácticamente a lado de las viviendas; afectación ambiental que tuvo que ser soportada durante 27 años por la comunidad del área de influencia de estos olores. En mayo del 2012, ante el incumpliendo reiterado de SERVIASEO (empresa del grupo SERVIGENERALES, propiedad de Luis Alberto Ríos Velilla amigo y ahijado político de German Vargas Lleras), la Asociación de Usuarios y sus habitantes, en decisión asamblearia, votaron decretar la resistencia civil y bloquear el botadero. Pero no fue sino hasta el 2013, cuando después de varios cierres que incluyeron agresiones del ESMAD con la comunidad (la más fuerte en octubre de 2012), que se cerró de manera definitiva este foco de contaminación en la ciudad.

El nuevo relleno sanitario fue trasladado a la vereda La Yunga, en límites con el Municipio del Tambo. Allí, nuevamente SERVIASEO y el Municipio, en complicidad con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, le incumplieron a la comunidad. Como consecuencia, y asimilando las experiencias de Lomas de Granada, la comunidad de La Yunga recurrió al bloqueo de su acceso en dos oportunidades, como medida de presión para hacer cumplir los compromisos adquiridos mediante acta por el gobierno y SERVIASEO, aun hoy pendientes.

El Matadero Municipal, contaminando desde el centro de la ciudad

Ubicado en el barrio Las Ferias, al oriente de la ciudad, este centro de sacrificio animal vierte sus aguas residuales sin ningún tratamiento al río Ejido, cuyo cauce atraviesa buena parte de Popayán; tiñéndolo de rojo y generando olores putrefactos que hacen insoportable a la vida de los barrios más cercanos. Ya se han realizado asambleas como parte de un proceso, que busca construir colectivamente un pliego de exigencias para presentarla a la administración Municipal. Como siempre se ha planteado en estos casos, la idea es darle un plazo al gobierno, para que resuelva estas problemáticas de manera cierta y concreta o en su defecto declarar la desobediencia civil.

La PTAR, manipulación y negocio

La exigencia de descontaminación de las principales fuentes hídricas, entre ellas los ríos Ejido, Molino y la quebrada Pubús, constituye una de las aspiraciones históricas de las comunidades periféricas de la ciudad y una de las políticas ambientales fundamentales de la Asociación. En este contexto, la Alcaldía impulsa la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al lado de las viviendas del Valle del Ortigal, un proyecto de 1.454 viviendas gratis, que es preciso aclarar, no es fruto de concesiones del gobierno, sino consecuencia de los reiterados incumplimientos de los gobiernos de Uribe y Santos a los fallos y requerimientos de la Corte Constitucional para dar solución inmediata de vivienda a los más de 6 millones de desplazados por el conflicto social y armado.

Mediante tendenciosos estudios y una campaña propagandística que pretende manipular el sentido común de la ciudadanía, se vendió este proyecto como la solución definitiva a la contaminación en la ciudad. Desde la comuna 9, se creó una coordinación comunitaria con el objetivo de denunciar y detener este proyecto. Después de mucho trabajo, el pasado 27 de agosto se realizó una gran asamblea comunitaria, con participación de ediles de la Asociación, compañeros de Lomas de Granada y barrios aledaño donde se declaró la resistencia comunitaria a este proyecto por no haber sido concertado con la comunidad y no dar solución real a la descontaminación de las fuentes hídricas en la ciudad; y se determinó no permitir la entrada de funcionario alguno al lote de la PTAR. Como mandato de la asamblea, se realizó una movilización de más de 1.200 personas el domingo 9 de octubre por las principales calles de la ciudad, desmintiendo la propaganda oficial que señalaba mediáticamente que éramos “sólo cuatro pelagatos”, los que nos oponíamos al proyecto.

Para legitimar el proyecto e iniciar la construcción, la Alcaldía acudió a la Universidad del Cauca, institución que por naturaleza se encuentra del lado del gobierno Nacional para que emita un concepto técnico que apruebe la idoneidad de la planta. Afortunadamente y una vez revisados los diseños, se han encontrado graves errores técnicos y de aplicación de tecnologías no apropiadas, que hacen inviable este proyecto, lo cual sumado a la resistencia comunitaria, hace afirmar que esta PTAR no se construirá en el Ortigal.

Improvisación y atropellos en la construcción de colectores de descontaminación en La Sombrilla

Como parte del proyecto de descontaminación, además de la PTAR, la Alcaldía tiene previsto la construcción de colectores de las agua residuales; estas obras, aunque son necesarias, deben ser concertadas con la comunidad. Es el caso del Barrio La Sombrilla, al lado del Río Ejido, donde la Empresa de Acueducto pretendió, de manera inconsulta y autoritaria, construir el Colector del Río Ejido, en un terreno que históricamente ha sido inestable. Prueba de esta afirmación constituye el hecho que varias viviendas se han derrumbado y otras presentan agrietamientos; dejando en evidencia la improvisación por parte de la administración municipal.

La Asociación, a partir del Comité de Servicios Públicos de este sector, emprendió una lucha comunitaria que hoy tiene detenido el proyecto y exige el cambio de trazado. La Empresa de Acueducto ya ha manifestado informalmente su intención de relocalizar las obras. Desde la comunidad, hoy se levanta la exigencia de la construcción de obras de mitigación del riesgo, como respuesta a la inestabilidad y el inminente peligro en que se encuentran estas viviendas y sus habitantes.

Las propuestas de la Asociación

Esta organización urbana impulsó y creó el Comité Cívico Popular del Plan de Movilidad, en el año 2013, como respuesta al cierre por bloqueo de muchos locales y pequeños negocios del centro histórico, que la administración Fuentes, de manera imprevista, ocasionó al inicio de estas obras. Consecuencia de estas protestas, fue el replanteamiento del cronograma de obras, para minimizar los efectos adversos de este proyecto. Como autocritica, debemos reconocer que este sector de los comerciantes es complejo y generalmente responde de manera individualista y dispersa a las propuestas organizativas y a las acciones colectivas.

También se viene impulsando la Coordinadora de la Energía y el Agua, que lucha por la recuperación comunitaria de las hidroeléctricas y los acueductos, a fin de que sea la organización popular la que decida sobre los proyectos y los servicios en sus territorios.

Como parte de la lucha por los servicios públicos, se viene trabajando la creación de una Coordinación de Asentamientos contra las medidas de la Energética de Occidente en la ciudad; se pretende unificar las exigencias para garantizar el acceso a los servicios públicos, de la mano de la reubicación de estas familias, como estrategia para impedir la implementación de la tecnología de desconexión remota.

Por último, la Asociación llama a la comunidad y a la ciudadanía a estar atenta y activa frente a las futuras “inversiones” de la Alcaldía. El Consejo aprobó recientemente 40 mil millones de pesos para la construcción de “MEGAOBRAS” en Popayán; Estas obras pretenden “desarrollar la ciudad y ponerla a tono con las demás ciudades de Colombia y Latinoamérica; orientadas a especializar las ciudades, para atraer la inversión (léase intervención del sector financiero). Muchos de estos recursos están destinados a la construcción de corredores viales, puentes elevados, etc., con las consecuencias ambientales y desplazamiento popular que ya conocemos en otras ciudades.

Por esta razón, se plantea la necesidad urgente de construir los planes de vida barriales, concertados en asambleas comunitarias, que se contrapongan al plan de inversiones de la élite payanesa. Esta vez, el argumento no puede ser falta de recursos. El reto será lidiar con el Estado “clientelista y prebendario”, en su versión municipal, quien seguramente, intentará por todos los medios, cooptar a los “lideres” comunales, para ponerlos al servicio de estos antidemocráticos “objetivos empresariales”, en desmedro de la comunidad.

En conclusión, se ha trabajado en posicionar un método de lucha junto a las comunidades; consolidando una política popular: LA RESISTENCIA CIVIL o COMUNITARIA. Utilizando el método asambleario que busca un consenso sobre un plan de vida y de acción colectiva; bien sea, movilizando, bloqueando, manifestando, etc., es decir, resistiendo; y a la vez, inventando, creando o reconstruyendo la historia de nuestros barrios, con el horizonte de construir identidad y Comunidad, que permita enfrentar el proceso de “ciudadanización” neoliberal que hoy avanza destruyendo nuestra identidad como pueblos, para convertirnos en simples consumidores de un modelo de ciudad capitalista, individualista, racista y destructora de vida.

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