Crisis urbana en el Cauca: Servicios públicos

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Asamblea barrial en el Valle del Ortigal, 28 de enero de 2017

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (ACPA Cauca)
2 de febrero de 2017

La crisis por la que atraviesan los centros urbanos del Cauca amerita un análisis profundo de las problemáticas que padecen sus pobladores. En este sentido conversamos con diferentes líderes y dirigentes de las organizaciones sociales y comunitarias que tienen presencia, resisten y plantean propuestas para el buen vivir en los territorios caucanos. A lo largo de diferentes artículos se irán abordando las principales situaciones que golpean la calidad de vida de la gente del común y las propuestas populares que buscan dar solución concreta y efectiva a ellas.

Para el modelo económico que rige en Colombia, los servicios públicos significan una forma directa de recaudación mediante el cobro indiscriminado por un servicio muchas veces mal prestado, atacando el bolsillo y la dignidad de los más humildes y empobrecidos. Para los habitantes de los barrios populares significa un abuso directo de las instituciones que agudiza cada vez más la crisis económica y social en la que se encuentran las y los patojos. Sobre esta situación, charlamos con Hugo Oviedo, de la Asociación Comunitaria de Servicios Públicos, la cual viene luchando desde hace varios años por superar esta situación mediante la organización de las comunidades en torno a la resistencia civil, recurso de la ciudadanía para frenar los atropellos del sistema.

La Asociación de usuarios promueve la organización comunitaria de la lucha urbana, desde una perspectiva integral y no sectorial, priorizando esencialmente dos ejes, el territorial y el ambiental. Esta organización, que hace presencia y trabajo en centros urbanos del Cauca y más intensamente en los barrios populares de Popayán, ha logrado posicionar un método de lucha y consolidarlo como una política popular: la resistencia civil o resistencia comunitaria. Esta propuesta de trabajo se viene poniendo en práctica desde 2010, cuando fue lanzada y aprobada en una asamblea de barrios, a raíz del aumento escandaloso de las tarifas de la electricidad. Las decisiones se toman en asamblea, la cual representa el mayor espacio de coordinación para articular las voluntades de las y los comunes de la ciudad, promoviendo el consenso.

La energía eléctrica, siempre en aumento

La prioridad de las empresas energéticas no es mejorar el servicio; es mejorar el sistema de recaudo. Por eso, todas las políticas de inversión del sector, tienen como objetivo principal aumentar la eficiencia en el cobro a los usuarios; relegando a un segundo plano sus derechos como comunidades y como ciudadanos.

En este sentido, se han venido imponiendo unilateralmente medidas (idénticas a las de Electrocaribe en la costa atlántica), como el cambio obligatorio de medidores, por contadores electrónicos digitales, con el argumento de actualización tecnológica. En realidad se busca generalizar la desconexión remota para facilitar el control del negocio, aumentar utilidades, disminuir la cartera y de paso aislar el inconformismo de las comunidades barriales. Lo que sí es claro, es que como paso previo a la imposición generalizada de esta tecnología, la empresa necesita instalar la red trenzada o antifraude, para impedir la reconexión de los usuarios; política que en la práctica ha sido derrotada en la ciudad de Popayán.

Todo esto no sería un problema si las tarifas fuesen justas y si las empresas no cometieran arbitrariedades con las familias de los barrios populares. La resistencia civil de las comunidades frente a este tema se da en tres niveles, dependiendo de las circunstancias: no pagar el servicio, negarse al cambio de medidores y no permitir la instalación de la red trenzada.

La resistencia civil ha contribuido a garantizar el derecho al servicio de energía y ha impedido exitosamente que las amenazas de embargos de la Energética de Occidente a los usuarios se lleven a cabo. Actualmente, después de seis años de resistencia y escaramuzas con la policía en los barrios periféricos de la ciudad, se adelanta una mesa de negociación con esta empresa, donde se han alcanzado varios acuerdos que benefician por igual a todos los usuarios de los barrios populares.

El negocio de las hidroeléctricas

El magnífico negocio de la generación de energía en el país, está centralizado en Medellín, a través de un mercado mayorista de energía; Este significa proyectos millonarios para el Estado Colombiano, que las construye en comunidades sin previa consulta (o con manipulación y prebendas clientelares) y utiliza la energía producida no para beneficiar a las comunidades, sino para alimentar un mercado especulativo, donde el valor del kilovatio-hora, está determinado por las expectativas de ganancias de las trasnacionales y de los costos reales de producción para venderla al exterior. Los perjuicios son tan evidentes como el lucro que obtienen.

En Popayán, se cuenta con la hidroeléctrica la Florida II, en el sector de Las Guacas, la cual, al igual que todas las otras del Cauca, son de titularidad pública pero operada por concesionarios privados. Las comunidades reclaman porque aunque fueron construidas con impuestos de los caucanos y payaneses, no pagan impuestos ni aportan a la solución del problema tarifario del departamento; en cambio, sí generan afectación y deterioro ambiental de nuestras fuentes hídricas. A pesar de estas negativas experiencias, el plan de gobierno del actual Alcalde Cesar Cristian Castro, aprobado por el concejo municipal, pretende construir la hidroeléctrica Julumito, al occidente de la ciudad. Allí, ya se hizo la primera asamblea comunitaria y se aprobó mayoritariamente no permitir ninguna actividad relacionada con este proyecto.

Los abusos del Acueducto y sus socios

El Acueducto y Alcantarillado de Popayán es otra de las empresas de servicios públicos que, al igual que la Energética de Occidente, actúa de manera abusiva y arbitraria en compañía de la fuerza pública, contra las comunidades. La Asociación y la comunidad han respondido con la resistencia civil, frente a las desconexiones y las amenazas de embargo de viviendas.

Además, y para agravar estos conflictos sociales, en las facturas del acueducto y energía, se incluyen el servicio de aseo y de alumbrado público, los cuales fueron concesionados por el municipio en el año 1999 y 2011, respectivamente; entregados de manera corrupta y amañada a SERVIASEO (SERVIGENERALES) e INTER-ASEO, de propiedad de Luis Alberto Ríos Velilla y William Vélez Sierra, los mismos que controlan estos servicios a nivel nacional y quienes promovieron la destitución del alcalde Petro en Bogotá. Los costos de estos servicios se suman de esta manera, a los del acueducto y la energía, empeorando las condiciones de vida de los sectores populares, igual como ocurre en el resto del país.

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