“La COCCAM es un esfuerzo histórico del campesinado”

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (ACPA Cauca)
30 de enero de 2017

En el marco del lanzamiento de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, hablamos con el líder social Hubert Ballesteros, recientemente liberado de prisón, donde pasó más de 3 años injustamente encarcelado. Con su claridad de siempre, nos explica sobre la situación de los cultivadores, la naturaleza de la COCCAM, la perspectiva frente a la implementación de los acuerdos y la ofensiva paramilitar contra el movimiento popular colombiano. 

ACPA Cauca: ¿Cuál es la actual situación de las y los trabajadores cultivadores de coca, marihuana y amapola? ¿Hay algún estimativo sobre el número de personas y de hectáreas que se dedican a esta labor?

Hubert: La situación de los trabajadores y cultivadores de hoja de coca es de incertidumbre, debido a que el punto 4 de los acuerdos de La Habana acordó una política de sustitución de los cultivos de uso ilícito en Colombia. Sin embargo, hemos visto que desde el gobierno, el señor Díaz Uribe (Agencia para la sustitución de cultivos ilícitos) viene impulsado acuerdos unilaterales con personas o grupos que se dedican a estas labores en los departamentos del Cauca y otros del país. Con esta política, busca desarticular al campesinado y a los pobladores rurales que viven del cultivo de coca, marihuana y amapola para incumplir con lo pactado en La Habana, es decir, que la sustitución debe resultar de la ejecución de unos planes municipales de desarrollo alternativo y de sustitución, acordados con las comunidades, formulados por las comunidades y ejecutados por las comunidades. El doctor Díaz Uribe pretende mantener los proyectos fracasados de sustitución, aquellos programas que durante 30 años se han tratado de implementar sin ningún éxito, y en verdad que las personas que se inmiscuyan en este tipo de programas, van a resultar en un fracaso como los demás y en el mediano plazo tendrán que volver a cultivar coca, marihuana y amapola. Por eso yo digo que seguir impulsando esas fórmulas de sustitución, esos programas de fracaso de sustitución, es hacer que estos cultivos sobrevivan por muchísimo años más.

Ahora, sobre si hay un estimativo de personas y de hectáreas sembradas de coca, cada año las Naciones Unidas y la policía antinarcóticos publican un estudio que se hace vía satélite sobre la presencia de estos cultivos. Se dice que los cultivos de coca han venido en crecimiento desde el año 2016 y pueden estar llegando a 150.000. El número de personas que se dedican esto, no es fácil establecerlo puesto que la actividad en la cual se ocupa el mayor número de personas es la labor de raspachín y estas son unas comunidades que son flotantes, que hoy están en una región, luego están en otra, porque es el ciclo de la cosecha lo que los hace permanecer o trasladarse de un lugar a otro.

A: Con el acuerdo N° 4 logrado en La Habana, el tema de la sustitución se ha puesto sobre la mesa, pero el gobierno colombiano continúa con la erradicación manual y la militarización en algunas zonas del país a la luz de la resolución 3080 del Ministerio de Defensa. ¿Cómo afecta este documento y sus líneas generales a los cultivadores de los llamados cultivos de uso ilícito?

H: El punto 4 del acuerdo de La Habana plantea una política de sustitución de los cultivos de uso ilícito y establece también, el tema del consumo como un problema de salud pública o un problema social, ha venido siendo desconocido por parte del gobierno. El gobierno ha continuado con la erradicación forzada manual, incluso aprobó muy recientemente la fumigación con herbicidas por aspersión manual. Sin embargo, hay estamentos de la sociedad colombiana que siguen presionando para que se vuelva a la aspersión aérea con glifosato, que tanto daño ha hecho a la economía legal que sobrevive junto a los cultivos de coca y al medioambiente. De igual manera, el acuerdo plantea que la sustitución debe ser gradual y que a la erradicación sería la última medida a tomar, cuando los cultivadores se negasen a entrar en los programas de sustitución. Sin embargo, se viene erradicando, hay planes de erradicación que se vienen realizando en varias partes del país, aun sin haber entrado a implementar el punto 4, en lo que tiene que ver con la sustitución gradual, es decir, al concertación con la comunidad para que entren a los programas de sustitución pactados en La Habana. Eso obviamente afecta la credibilidad porque la población campesina ve como el gobierno promete con cifras, la sustitución de 50.000 hectáreas en el año 2017, cosa que es absolutamente irreal porque el solo hecho de tener que planear, concertar con la comunidad, formular los planes de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos en cada uno de los municipios va a llevar mucho más tiempo, es decir, el gobierno va a seguir priorizando la erradicación forzada, mientras tanto incumple de manera sistemática lo pactado en La Habana en lo que tiene que ver con las consultas a las comunidades y la formulación de los planes de desarrollo alternativo, que son los que en realidad podrían dar las garantías para que el campesinado abandone los cultivos de coca, marihuana y amapola, y se pueda dedicar a cultivos de la economía legal.

A: Para apoyar la implementación de los acuerdos de paz, ustedes han decidido articular el trabajado de campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores en lo que han denominado la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM- que tuvo su lanzamiento el 27 y 28 de enero en Popayán. ¿Esta coordinación será temporal o de carácter permanente? 

H: La articulación de organizaciones de base que hace presencia en las zonas de cultivos de coca, marihuana y amapola, COCCAM, cuyo lanzamiento se hace hoy, tiene que ver con un esfuerzo histórico del campesinado.

Los campesinos colombianos desde la década del noventa, ingresamos al Consejo Andino de Cultivadores de hoja de coca, cuando el presidente boliviano Evo Morales era en esa época, valga la redundancia, presidente del Consejo Andino de Cultivadores de Coca. Desde entonces hemos venido trabajando en la idea de concertar con el gobierno una solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilegal en Colombia. Sin embargo, todas nuestras propuestas han sido desoídas; fueron llevadas al gobierno nacional, a la comunidad internacional, hicimos dos encuentros internacionales de cultivadores de hoja de coca y amapola, cuyas conclusiones planteaban precisamente la necesidad de articular a los productores para que se presentara una propuesta unificada. Hoy, el lanzamiento de la COCCAM pretende continuar en ese camino y con la existencia del punto 4 de los acuerdos de La Habana, creemos que las condiciones están dadas para avanzar en la solución a un problema que afecta no solamente a los colombianos sino también a la comunidad internacional.

La COCCAM no va a ser una coordinadora de corto alcance, no porque se piense en persistir en los cultivos de hoja de coca, sino porque consideramos que todos esos programas de sustitución pactados en La Habana no van a ser implementados en corto plazo por muchísimas razones, una de ellas: la posibilidad real de solucionar el problema de los cultivos tiene que ver con el desarrollo mismo del punto 1 de la agenda, es decir son dos puntos que se van a desarrollar de manera paralela. No puede haber sustitución si no hay cambio en el modelo de desarrollo rural, si no hay cambios en la política agropecuaria y estos elementos están en el punto 1 del acuerdo. Por lo tanto, la COCCAM se mantendrá hasta tanto sea necesaria, porque precisamente se constituye, no solamente en la aplicación del punto 4 de la agenda, sino en buscar que Colombia sea un país libre de cultivos de uso ilícito.

A: Hay una fuerte campaña de estigmatización a los cultivadores, donde directamente los señalan de narcotraficantes. ¿A qué intereses responde esta campaña y qué exigencias se le han hecho al gobierno sobre ello?

H: Históricamente se ha señalado el tema del narcotráfico como un problema general, sin identificar las particularidades que este tiene. Cuando se habla de cultivador, se remiten también a la palabra narcotraficante. El acuerdo de La Habana, en ese sentido, hace esa diferenciación, por eso hay una política de sustitución concertada con las comunidades, una política de atención como problema de salud pública al tema del consumo y obviamente está transitando, como parte de la implementación de los acuerdos y deberá ser llevado al fast track, un proyecto de ley que dé tratamientos penales especiales a los campesinos, afros e indígenas que incurren en el cultivo de coca, marihuana y amapola, que utilizan precursores químicos para transformar la hoja de coca en pasta de cocaína, que hacen el rayado de la amapola para obtener el látex y también para quienes cosechan la marihuana. Este tratamiento penal especial reconoce que hay una diferencia enorme entre un narcotraficante y un campesino, un indígena o un afro que por necesidades de carácter económico, que debido a las políticas anticampesinas que ha implementado el gobierno, ha tenido que acudir a cultivar coca, marihuana y amapola como una forma legítima, aunque ilegal, de la economía colombiana.

A: En pleno contexto de finalización del conflicto armado, el aumento de los asesinatos a líderes y miembros de organizaciones sociales puso al país a puertas un nuevo genocidio. Ante esto, la ONU se ha pronunciado con gran preocupación. ¿Cómo cree que seguirá evolucionando esta situación y qué medidas han tomado al interior de sus comunidades y organizaciones?

H: Es muy diciente de la actitud de la ultra derecha en Colombia, que precisamente en un contexto de paz y reconciliación, se hayan aumentado el asesinato de líderes agrarios y de líderes de derechos humanos. Y es que precisamente esa ultraderecha, esa derecha latifundista que representa el centro democrático, busca entorpecer sobre todo la implementación del acuerdo sobre el punto 1.

Hay un latifundismo en Colombia que pretende mantener el modelo de desarrollo rural con base en la gran propiedad y la tenencia especulativa de la tierra. ¿Cómo hacer entonces para que esto no vuelva a ocurrir? El acuerdo de La Habana plantea precisamente dentro de uno de los subpuntos del punto 6, el tema de las garantías de no repetición. Para eso se creó una comisión de alto nivel que ya viene funcionando en la idea de generar una política que ponga fin a la violencia generada por lo que le gobierno llama grupos armados sucesores del paramilitarismo, que otros llaman bacrim. Esa comisión seguramente dará recomendaciones de carácter político, de carácter policial, para que se ponga fin a la existencia a las bandas criminales que han venido ejerciendo presión sobre los reclamantes de tierra, que han venido ejerciendo presión sobre las comunidades que se están involucrando de manera directa en los programas de sustitución y que están ejerciendo presión sobre los territorios para apoderarse del tema de la minería. De parte de las organizaciones entonces queda exigirle al gobierno nacional que esta comisión entregue sus recomendaciones lo antes posible y que esas recomendaciones sean ejecutadas de manera inmediata. Nosotros, como organizaciones, quedamos con la tarea de seguir haciendo las denuncias a nivel nacional e internacional y obviamente responsabilizando al Estado por los asesinatos, por las desapariciones, por el desplazamiento forzado y las amenazas que aún se mantienen sobre los el conjunto del movimiento social sindical y de los defensores de derechos humanos.

 

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