Acerca de la implementación de los acuerdos: Punto 1. Reforma Rural Integral

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca
2 de noviembre de 2016

Los acuerdos logrados en La Habana-Cuba no son propiedad del Estado y la insurgencia de las FARC-EP, son del pueblo colombiano. Por ello, las comunidades, organizaciones, iglesias, partidos políticos, gremios y demás sectores de la sociedad, debemos velar por su implementación y cabal cumplimento.

La construcción de una paz estable y duradera debe ser el camino a seguir en los próximos años para lograr avanzar hacia la justicia social. Esto solo podrá ser materializado si los empeños del pueblo colombiano se ubican en su concreción total.

Elementos y pasos generales para la implementación del punto 1: Reforma Rural Integral

El futuro de Colombia girará en torno a una fuerte disputa entre el pueblo y el Estado por la implementación de los acuerdos. No debemos olvidar que la institucionalidad ha firmado centenares de compromisos sin haber cumplido la gran mayoría. Es a ello a lo que nos enfrentamos.

Las comunidades y organizaciones populares tenemos el deber histórico de llevar adelante las más fuertes movilizaciones sociales para exigir del Estado las garantías plenas al pueblo colombiano para que participe de la implementación de lo acordado. Recordemos que en las calles hemos ganado lo que nos han negado y hoy más que nunca, será allí donde confrontemos con el establecimiento nuestros derecho al buen vivir.

Algunos pasos necesarios

Lo primero que debemos saber es que el acuerdo no contempla la eliminación de la gran propiedad privada, es decir, no gira en torno a un nuevo modelo económico. Importante punto para saber que luego de la implementación, nuestra lucha seguirá por una estructura del campo, que en su totalidad esté al servicio del pueblo trabajador y explotado.

El segundo aspecto que tendremos que saber para comenzar a implementar el punto 1 de los acuerdos, es conocerlos en su totalidad, reconocer la legislación que toca cada palabra del acuerdo, analizar qué nuevas instituciones que se crean y con qué fin.

Sabemos que la Reforma Rural Integral enmarcada en los acuerdos sentará las bases para la transformación estructural del campo, creando condiciones dignas para sus pobladores; y que la economía campesina jugará un papel esencial en la ruralidad. Ese será un primer elemento para apropiarnos materialmente del pacto del campo, dejando en claro que todo la estructura del punto 1 obedece a 13 principios: transformación estructural; enfoque de género; bienestar y buen vivir; priorización de la integralidad; restablecimiento de los derechos de las víctimas; regularización de la propiedad; derecho a la alimentación; participación; beneficio e impacto para la mayor población posible; garantías de desarrollo sostenible; presencia del Estado; democratización; y uso adecuado de la tierra.

Un tercer aspecto que debemos de establecer de manera clara serán los diagnósticos participativos de las comunidades, zonas, municipios y regiones. El acuerdo sobre el campo colombiano contempla entre sus principios y metas el enfoque territorial, aspecto que diferencia cada espacio geográfico del territorio según sus particularidades históricas, culturales, económicas y que establece la priorización de las zonas más afectadas del conflicto, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas.

Conocer la situación de la tenencia de la tierra, su uso, las propiedades improductivas, compararlos con las estadísticas institucionales debe ser una tarea inmediata. En la misma vía se deberán hacer estudios sistemáticos de las personas que no cuenten con tierra o tengan muy poca, que no posean el título de su propiedad, quienes estén en situación de pobreza o pobreza extrema. Para finalizar, los estudios sobre educación rural, la situación de las vías terciarias, de salud, riego, tecnología y redes, serán elementos de gran validez para la ejecución del punto 1.3 (planes nacionales).

Como cuarto aspecto y a partir de los principios del acuerdo, se creará una nueva legislación agraria, paso fundamental para asegurar por vía jurídica la construcción político-legal de los acuerdos. Este escalón augura una gran disputa de poder entre quienes queremos la democratización del campo y los que desean mantener el actual modelo de desarrollo rural.

En el marco de la nueva legislación agraria se precisan tres medidas fundamentales del acuerdo con cada sub aparte: el fondo nacional de tierras, los programas y los planes. Leyes como la Ley 160 del 1994, la de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito, extinción de dominio por vía administrativa, leyes que conciernen a la formalización progresiva, entre otras, deberán entrar a ser revisadas a cabalidad para acertar en la respectiva implementación.

De la misma manera se adelantarán nuevas instituciones, sistemas, programas e instancias de alto nivel que acompañen el propósito de la Reforma Rural Integral PDET. Como punto central en estas nuevas estructuras, están los programas de desarrollo con enfoque territorial, que tendrán como base las asambleas y demás mecanismos de participación de las comunidades.

Para que la participación de las comunidades en estas nuevas legislaciones, instancias y demás órganos de gobierno que se creen y adecuen, se concreten y se vuelva efectiva, la lucha y la movilización serán fundamentales para garantizar niveles más altos de democracia y decisión al interior de estos escenarios.

El punto 6: Implementación, verificación y refrendación. Marco general de la materialización de los acuerdos de La Habana.

A partir de las precisiones que se realicen a los acuerdos de La Habana, inmediatamente comenzará la puja por su implementación. En esa medida, es deber histórico y ético de quienes apoyamos la paz tomar como base este punto, para tener unos lineamientos claros en torno al desarrollo material de cada punto acordado.

La implementación se plantea en una durabilidad de hasta 10 años en cabeza de la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y resolución de Diferencias” -CSVR-, integrada por tres miembros de las FARC-EP y tres miembros del gobierno nacional, que tendrá objetivos claros de implementación, seguimiento, impulso, entre otros.

Aunque son hasta diez años, se debe saber que para su efectiva materialización se establecerán tiempos cortos y medios que permitan ir midiendo el desarrollo de los acuerdos.

Es así que un punto inicial será la creación de un PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS con vigencia de hasta 10 años, que el gobierno nacional se compromete a presentar en un plazo máximo de 4 meses. Este documento será la hoja de ruta que contenga los objetivos, propósitos, metas, etc., de los acuerdos de la Habana .Tendrá una fase primera con vigencia hasta el 20 de mayo de 2019 y que en el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL realizará un documento CONPES que contemple la financiación de los acuerdos.

Con ello, en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO de los próximos dos gobiernos incorporará un capítulo correspondiente a la implementación, medida que aportará sustancialmente al desarrollo de cada punto acordado.

Si bien la importancia de los recursos e instancias nacionales son imperativas para el desarrollo en cada región, los planes de desarrollo, tanto departamentales como municipales tendrán un papel protagónico. Por ello, bajo las reformas normativas necesarias, los municipios y departamentos entrarán a participar activamente en sus respectivos territorios, que también serán bases para los planes cuatrienales nacionales.

Las organizaciones que han luchado por la paz tendrán la oportunidad de participar en proyectos que permitan seguir el camino de la implementación, situación en la que se debe de ser muy cuidadosos pues existen quienes, por medio de estos, se lucran sin contribuir a la paz.

Por otra parte y para garantizar la transparencia y luchar contra la corrupción, el gobierno nacional creará el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y MEDIDAS PARA LA TRANSPARENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, que realizará medidas de seguimiento, rendición de cuentas, veedurías ciudadanas, , nuevas herramientas tecnológicas, mecanismo especiales de denuncia ciudadana, control interno y acompañamiento especial de los órganos de control.

Sin duda alguna, la mejor manera de contribuir a la paz, es involucrarse de forma decidida y con iniciativa en la implementación de lo acordado. En el texto de cada uno de los acuerdos de los seis puntos de la agenda, se encuentran de forma implícita en algunos casos, explícita en otros, mecanismos de participación comunitaria y ciudadana que debemos exigir y aprovechar para que el espíritu del acuerdo no sea tergiversado por quienes desean mantener el estatus quo. Las asambleas populares, los cabildos abiertos, la participación en la formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes programas y proyectos serán la única garantía para que la paz de verdad sea estable y duradera.

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