La extraña tragedia

Por Fredy Muñoz Altamiranda
6 de octubre de 2016

Uribe, quien no necesita presentación, ha dejado ver lo que quiere, tras la tragedia electoral del plebiscito en Colombia.

Luego de impulsar una campaña contra el Sí, caracterizada por la manipulación y la mentira, el senador antioqueño le dice a una comunidad nacional desconcertada, y al resto del mundo no menos sorprendido, que su esfuerzo por desbaratar el proceso de paz en Colombia obedece a la necesidad de que un puñado de militares procesados por crímenes de lesa humanidad reciba, por extensión, los beneficios judiciales que recibirían los líderes de la guerrilla de las FARC: Amnistías e indultos.

Uribe pide esto respaldado por la votación que recibió su opción en el plebiscito. Un alto sufragio logrado con mentiras, manipulaciones y el apoyo decidido de los grandes medios de comunicación del país, que amplificaron sin recato argumentos tan manidos como falsos.

Según los uribistas, el Gobierno colombiano había aprobado ya una ley que recortaría la pensión de los jubilados, para darle sueldos a los guerrilleros que se desmovilizarían. Una falsedad que conocían de principio a fin, pues los impulsores de estos argumentos son congresistas que manejan la agenda legislativa del país, y sabían que tal cosa nunca pasó por el parlamento.

Esos mismos senadores insistieron en los medios con que la refrendación del Acuerdo de paz en las urnas traería a Colombia largas colas para comprar comida, como pasa hoy en Venezuela, que sufre un desabastecimiento programado por los oligopolios productores de alimentos, convertidos en operadores políticos generadores de hambre y desnutrición, incluso para sus propios electores.

Los uribistas llegaron a decir también que el voto por el Sí llevaría automáticamente a la presidencia nacional al comandante Timoleón Jiménez, vocero principal de las FARC. Para esto no tuvieron problema alguno en colgar una gigantesca y millonaria valla publicitaria en la ciudad de Santa Marta.

¿Cómo el Consejo Nacional Electoral no actuó antes para detener a los portavoces de semejantes provocaciones, que alteraron el ambiente previo del debate electoral, y envenenaron la intención de voto de millones de colombianos? Son preguntas que amplían la extrañeza de esta tragedia.

Lo que no es extraño es que esas mentiras fueran los argumentos de un puñado de senadores y un ex procurador que Uribe sacó de lo más oscuro de la política nacional, para empujar su cruzada irresponsable.

María Fernanda Cabal, mujer de José Félix Lafourie, presidente de Fedegan, el gremio más paramilitarizado del país, fue una mujer que investida como representante a la Cámara de la República por Bogotá, se congratuló en su momento ante las cámaras de la opinión nacional por la muerte del premio Nóbel de Literatura, Gabriel García Márquez, y le deseó al escritor una larga permanencia “ardiendo en el infierno”.

En la campaña por promover el No, esta congresista afirmó que los generales activos habían sido comprados por el Gobierno de Santos para aceptar el cese al fuego, y por más que el mismo Uribe le pidió que se retractara públicamente de lo que dijo, ella lo subrayó diciendo que sólo se retractaría si alguien le demostraba que sus palabras eran mentiras.

Paloma Valencia, nieta de uno de los presidentes conservadores más sanguinarios del país, y quien propone en el Congreso que la solución al problema territorial entre negros, aborígenes y terratenientes en el Cauca, departamento de donde es oriunda y donde su familia tiene extensas propiedades con títulos que datan incluso desde la Colonia, sería la división en zonas indígenas, negras y blancas, donde, por supuesto los blancos tendrían las más extensas y mejores propiedades.

Valencia empujó la campaña de agravios contra el Sí diciendo que el “Castro-Chavismo” una figura político administrativa que sólo ellos sabran qué es, se tomaría al país, y el fantasma del comunismo correría libremente por las calles, provocando el éxodo de la “gente de bien”, que invierte en dólares y desarrolla a Colombia.

Y el ex procurador, precandidato presidencial del uribismo, un personaje célebre por haber quemado las obras completas de Piaget, Montesquieu y otros autores de la Ilustración y el Renacimiento, además de novelas de García Márquez y Victor Hugo, en un parque de Bucaramanga, comparó al Sí con la llegada del diablo, en un discurso ebrio de odio pronunciado en los extramuros de Cartagena, al mismo tiempo que medio mundo observaba complacido el acto de firma del Acuerdo, que nos dio cinco cortos días de esperanzas de paz.

Fue una campaña extraña y vil. Pero ambas características crecen ahora que el uribismo deja ver que no tiene ninguna propuesta seria que aportarle a un Acuerdo que selló cuatro años de diálogos inéditos entre una guerrilla que ha sobrevivido a multimillonarios planes bélicos de aniquilamiento, financiados por los Estados Unidos, durante casi tres cuartos de siglo de injerencia impune, y un gobierno que parecía decidido a jugárselas todas por abrir el compás político del país.
En medio de toda esta conmoción, de la irresponsabilidad uribista, del plantón hecho al acompañamiento internacional, de la bufonada de la clase política dirigente, de la maldad mediática, de la inseriedad gubernamental que abre la posibilidad de revisar el Acuerdo para incluir las pretensiones de Uribe, yo creo en algunas cosas poco creíbles:

Que este plebiscito, innecesario por su nulidad jurídica, fue producto de una concertación entre dos sectores de la derecha nacional, que antes se habían unido para operar la jugosa ayuda militar de los estados Unidos y la inteligencia del Mossad, y desaparecer a la insurgencia popular con bombazos y crímenes aberrantes.

Dos sectores representados por personajes que a estas alturas del protagonismo insurgente y popular en el proceso, buscan la forma de volver a reunir sus intereses militaristas, financieros y políticos comunes: Santos y Uribe.

Sólo de esta forma se explica uno el montaje de semejante operativo electoral, y la dedicación de un gobierno negociador que sabía de antemano que cualquier resultado no tendría efectos jurídicos ni legales sobre lo acordado.

¿Se trataba entonces de permitirle al uribismo un reencauche político y electoral para que se incluyan en el Acuerdo beneficios jurídicos a militares condenados por las masacres que vinculan el ejercicio administratvo de Uribe en Antioquia, cuando era gobernador, y en el resto del país, cuando era presidente; con la gestión de Santos en el Ministerio de Defensa, cuando oficiales a su cargo cometieron consecutivamente los crímenes que el país conoce como falsos positivos?

Eso es posible, porque en la tragedia colombiana, orquestada por la clase dirigente que hoy se reencuentra, todo eso es posible. Por algo el grupo negociador de las FARC se devolvió a Cuba a esperar los resultados del fatídico plebiscito. Los años de guerra y la experencia política han convertido al secretariado de las FARC en un colectivo de hombres capaces de intuir las más retorcidas y veladas intenciones de la oligarquía colombiana.

Sólo de esa manera, en una unión santiuribista para reunificar a las clases dominantes que preveen una oleada de participación popular, puede uno explicarse por qué el plebiscito no decretó una amnistía electoral que le permitiera votar a los guerrilleros de las FARC que tuvieran cédulas colombianas vigentes. Por qué no se admitieron mesas universales donde votantes no inscritos pudieran votar.

Colombia, que tiene más de cinco millones de desplazados internos, y que por sus características de orden público es una nación de alta movilidad, no le dio ninguna garantía o herramienta efectiva al desplazado para que pudiera votar y expresarse. Sin embargo, donde pudo, el pueblo dijo Sí, y donde lo planificó todo el uribismo y el paramilitarismo del centro del país, del Magdalena Medio y de las grandes capitales lavadoras de dinero, se dijo que No.

Más de 22 millones de colombianos dejaron de votar. A pesar de la presencia de un fenómeno natural que afectaría gravemente la vida de muchos habitantes de la Costa Atlántica, un fenómeno previsto días antes de las elecciones, no se diseñaron alternativas para que estas personas votaran, ni se ampliaron los horarios de votación en zonas del país donde llovió hasta pasadas las tres de la tarde de ese domingo.
Unido a eso, la página web de la Registraduría Nacional sufrió un ataque cibernético grave dos días antes de las votaciones.

La página demostró ser vulnerable. El sistema falible hackeado por un joven paisa que no será judicializado, fue el mismo que contó en un tiempo récord los votos de los colombianos, que no tuvimos tiempo de terminar de asombrarnos lo suficiente, cuando ya veíamos las sonrisas retorcidas de los impulsores del No por los medios televisivos.
Qué extraña tragedia. Una especie de suicidio político de un presidente que vistió de blanco a medio país político para firmar en Cartagena un Acuerdo que ahora él mismo tiende a violar, con la posiblidad de que se inserten las pretensiones uribistas de perdón y olvido a generales condenados. Y que de paso, esos procesos no extiendan sus ramas acusadoras hasta el mismo Uribe, o a su ex ministro de defensa, Juan manuel Santos.

Desde La Habana, las FARC dijeron ya lo que corresponde decir cuando está en juego el capital político de un movimiento de semejante poder: “Nos atenemos a lo pactado en el Acuerdo”.

La opinión mediática colombiana, acostumbrada a vilipendiar al movimiento insurgente, ha tenido que reconocer el talante político de la guerrilla, que negoció con seriedad, ha cumplido lo resuelto en los cronogramas del Acuerdo, y hoy le enrostra al santiuribismo una razón tan fuerte como elemental: que el Acuerdo no debe sufrir modificaciones bajo ninguna circunstancia electoral, pues el plebiscito sólo tiene consecuencias políticas.

Y la más clara de esas consecuencias políticas la estamos viendo ahora: dos grandes sectores de la derecha nacional que buscan una velada reconciliación para meterle, a un Acuerdo blindado, sus pretensiones de impunidad y sus aspiraciones de mantenerse vigentes en el futuro político.

Dos sectores que tienen más coincidencias que fracturas, y que tratan de cerrarle espacios políticos a lo que viene: a la gente en las calles movilizada y cuestionando al sistema neoliberal que ellos impulsan y que a nosotros nos empobrece.

Dos sectores que negocian entre sí las comisiones de las multinacionales operadoras de los servicios públicos esenciales de los colombianos, el subsuelo rico en minerales, y los mercados cautivos para los futuros tratados comerciales leoninos.

Dos sectores que con el resultado del plebiscito, se están encaramando incluso sobre las posibilidades esperanzadoras de una Asamblea Nacional Constituyente, que impulse al pueblo colombiano a una participación amplia y regeneradora de nuestro tejido socio político descosido a plomo por las balas del paramilitarismo.

¿Alguien puede imaginarse algo más terrible y trágico que una Constituyente en la que se sienten como determinadores Ordoñez y Uribe, a imponer sus intereses retorcidos por encima del pueblo que ha peleado medio siglo en busca de este momento? Eso es lo que verdaderamente está en juego luego de haber sido conejillos de indias de esta extraña tragedia electoral presentada como un plebiscito.

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