Una oligarquía sin voluntad de paz

Por: Hubert Ballesteros Gómez -Prisionero Político.
Cárcel la Picota, Octubre 4 de 2016.

La crisis política y el limbo en que hoy se encuentran los acuerdos de paz firmados el pasado 26 de septiembre entre el presidente Santos y el jefe de las FARC-EP Rodrigo Londoño, nos remiten necesariamente a otros procesos de paz también malogrados por la falta de voluntad política de una clase gobernante que prefiere la guerra a abrir las posibilidades de los cambios económicos y políticos que el país requiere.

En la Uribe-Meta, Tlaxcala-México, San Vicente del Caguan y ahora, la burguesía colombiana, se asustó con la posibilidad de ceder un mínimo del control político y económico que ha tenido. Prefieren de nuevo anegar con sangre los suelos de la patria, que ceder en algo sus privilegios y asumir la responsabilidad que tienen en el conflicto.

Santos ha preferido patear la posibilidad de paz para asegurar la impunidad de la banda del Centro Democrático y sus financiadores, que asegurarles a los colombianos un futuro sin guerra.

El presidente ha abandonado a todos los colombianos que apoyan la paz: las víctimas, los sectores populares y los habitantes de las regiones donde la guerra se ha sentido con mayor rigor. Frente a este panorama, es el momento en que las fuerzas democráticas y populares; verdaderas defensoras de la reconciliación asuman el liderazgo y la vocería de los millones de colombianos y colombianas que aún mantienen la ilusión de un país en paz.

Es el momento de derrotar la matriz mediática que los grandes medios de comunicación han venido posicionando de que la única forma de salvar el proceso es abriendo de nuevo la negociación. Esta burguesía criminal, aspira a echar por tierra los logros que en materia económica, social y política contienen los acuerdos de La Habana.

Debemos impedir que un nuevo FRENTE NACIONAL, nos sumerja de nuevo en la guerra fratricida entre hijos de una mima patria. Exigir la implementación de lo acordado, es la única forma de parar la guerra que nuevamente se asoma a las veredas y los poblados de los más humildes, mientras que sus auspiciadores seguirán atizándola desde los clubes y la comodidad de sus apartamentos en el norte de Bogotá y el Poblado de Medellín.

Si el establecimiento mantiene su negativa, los sectores populares debemos profundizar la crisis; convoquemos al Paro Cívico Nacional y en las calles y carreteras exijamos el derecho supremo de la paz al cual el presidente está obligado por mandato constitucional.

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